Auditoría

Entre otros, conforme a la Disposición adicional primera de la Ley de Auditoría, serán las entidades, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1. Que emitan valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales de valores o sistemas multilaterales de negociación.
2. Que emitan obligaciones en oferta pública.
3. Que se dediquen de forma habitual a la intermediación financiera, y, en todo caso, las entidades de crédito, las empresas de servicios de inversión, las sociedades rectoras de los mercados secundarios oficiales, las entidades rectoras de los sistemas multilaterales de negociación, la Sociedad de Sistemas, las entidades de contrapartida central, la Sociedad de Bolsas, las sociedades gestoras de los fondos de garantía de inversiones y las demás entidades financieras, incluidas las instituciones de inversión colectiva, fondos de titulización y sus gestoras, inscritas en los correspondientes Registros del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
4. Que tengan por objeto social cualquier actividad sujeta al Texto Refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, dentro de los límites que reglamentariamente se establezcan, así como los fondos de pensiones y sus entidades gestoras.
5. Que reciban subvenciones, ayudas o realicen obras, prestaciones, servicios o suministren bienes al Estado y demás organismos públicos dentro de los límites que reglamentariamente fije el Gobierno por real decreto, es decir, si las mismas se reciben por un importe acumulado superior a 600.000 euros.
6. Las demás entidades que superen los límites que reglamentariamente fije el Gobierno por real decreto. Dichos límites se referirán, al menos, a la cifra de negocios, al importe total del activo según balance y al número anual medio de empleados, y se aplicarán, todos o cada uno de ellos, según lo permita la respectiva naturaleza jurídica de cada sociedad o entidad.

En las sociedades mercantiles, ya hemos comentado los límites anteriormente, si bien existen otros límites cuantitativos en función del tipo de entidad (Por ejemplo: para fundaciones, los límites por encima de los cuales existe obligación de auditar son que el activo supere 2.400.000 €, que el importe neto de su volumen anual de ingresos por actividad sea superior a 2.400.000 € y que el número de trabajadores sea superior a 50).

Por último, también lo estarán las entidades en las que incluyan en sus estatutos la obligación de auditar o por petición en el Registro Mercantil o por mandato judicial (Por ejemplo: a petición de uno de los socios o accionistas).